Las grandes decisiones sobre laMezquita-Catedral, el Casco Histórico, los Patios de Córdoba y —si hay suerte— Medina Azahara dejarán de ser una cuestión meramente local o autonómica para trascender a las autoridades políticas. Parte de la determinación se adoptará también en París que es donde tiene la sede la Unesco y el Comité de Patrimonio Mundial que es la organización internacional —junto a su consultor oficial, Icomos— que establece quién entra y quién sale de la lista internacional.
El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer el texto del anteproyecto de la Ley de Patrimonio Histórico, una norma que reforma la norma que se redactó con Carmen Calvo como consejera de Cultura y que tenía ya no pocas grietas a remendar. En una ciudad como Córdoba, donde la actividad arqueológica es una parte más del proceso constructivo, esta norma tiene una importancia radical en el día a día de grandes monumentos pero también de barrios como el Casco Histórico, que es en su mayor parte Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
La ley adaptará a la norma andaluza el artículo 172 de la guía operacional de la Unesco que obliga a comunicar a las autoridades transnacionales todas aquellas iniciativas que puedan suponer un impacto en las características sustanciales de un bien Patrimonio de la Humanidad. Ese artículo fue el que se invocó por Icomos España para pedir un análisis concreto de la llamada segunda puerta de la Mezquita-Catedral, obra que consiguió el visto bueno.
La ley andaluza aplicará un documento de la Unesco de 2011 que recomienda a las autoridades estatales y locales realizar Evaluaciones de Impacto Patrimonial (Heritage Impact Assessments o HIA, en su denominación en inglés) con el objetivo de unificar las metodologías con las que realizar estudios previos a la elaboración de proyectos que puedan tener una incidencia negativa en zonas catalogadas como la Mezquita-Catedral o el Casco Histórico.
Una de las claves de estos artículos de la Unesco se encuentra en que el organismo se encontraba con proyectos realizados que incidían negativamente en los bienes catalogados Patrimonio de la Humanidad. El documento de la agencia de la ONU realiza una relación a modo de ejemplo: puentes, carreteras, edificios altos, construcciones «caja» (como centros comerciales o desarrollos urbanísticos que fuesen potencialmente nocivos para las zonas históricas de mayor valor).
También aborda la situación de las explotaciones turísticas inadecuadas, las explotaciones de energía eólica o los cambios en la política paisajística. Con el objetivo de evitar este tipo de proyectos sobrevenidos, sobre los que ya no cabe dar marcha atrás, se han desarrollado estas herramientas.
La inclusión de estos estudios en la legislación patrimonial de Andalucía no implica que todo lo que se haga en la Mezquita, en los Patios o en la zona delimitada del Casco Histórico tenga que contar con este tipo de estudios. La filosofía de este tipo de estudios, cada vez más usuales, pasan por someter aquellas iniciativas públicas o privadas que tengan una incidencia radical con el objetivo de no tomar decisiones arriesgadas. Estos estudios se realizan siempre por equipos especializados en materia de gestión del patrimonio. La norma de la Unesco aconseja vivamente que se realicen consultas con expertos internacionales con el objetivo de disponer de visiones distintas.
Fuente: ABC
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